Periodismo y Cuentos

miércoles, 15 de julio de 2009

Enfrentamientos en Latinoamérica

Cuando acusan de culpables a los indígenas...

La lucha por sacarles sus tierras y sus recursos, dejó gran cantidad de muertos y ya se hizo costumbre. Los abusos contra los aborígenes son innumerables y ellos pelean por defender sus derechos.

Las luchas por las tierras en Latinoamérica se vienen sucediendo mes tras mes, año tras año, década tras década y siglo tras siglo. No son nada nuevas estas disputas y los protagonistas de estas luchas son siempre los mismos. Por un lado, aquellos que quieren seguir teniendo lo que les pertenece, esas tierras que desde épocas ancestrales vienen trabajando. Por el otro, aquellos que quieren apropiarse de ellas de la manera que sea.

El conflicto que se dio en Perú es una muestra clara de esto. Los indígenas reclamando por sus derechos hasta las últimas consecuencias, mientras que los policías reprimían sin ningún tipo de arrepentimiento. Con los decretos finalmente derogados, la situación en este país parece calmarse. Demasiado tarde teniendo en cuenta las más de 50 muertes que se produjeron por estos enfrentamientos.

El Presidente peruano, Alan García, se refirió al tema luego de la anulación de las leyes. “No hay que tener temor por estos conflictos si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables; y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos”, dijo a modo de desentendimiento sobre todo lo sucedido.

Los campesinos de la región de la Amazonía defendían sus tierras, pidiendo la derogación del paquete de leyes que afectaban a estas, a los hidrocarburos y a los biocombustibles de la zona. Este decreto se debió a las negociaciones que se llevan a cabo dentro del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Perú.

Este caso es el más sangriento de los últimos tiempos. Evo Morales, Presidente de Bolivia, dijo que “lo que pasó en Perú, es el genocidio del TLC, la privatización y entrega de las selvas amazónicas, latinoamericanas, a las transnacionales”.

Aunque no en todos estos casos llegan a producirse tanta cantidad de muertes, la agresividad con que intentan sacarle sus pertenencias es muy alta en la mayoría de las ocasiones.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó el país de Guatemala y realizó un informe sobre las violaciones de los derechos. El resultado muestra que la impunidad alcanza el 98 por ciento. Además, señala que existen alrededor de 200.000 desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y genocidios durante el conflicto armado contra los pueblos indígenas. De ese total, el 83 por ciento de las personas pertenecen a la etnia maya.

En Uruguay se decidió que cada 11 de abril se conmemore como el “Día de la memoria”, ya que en esa fecha del año 1831, se produjo una matanza de indígenas por parte del gobierno, recordada como “La masacre de Salsipuedes”. Lo que falta en los demás países, es justamente memoria, para recordar hechos como este y que no vuelvan a pasar. Aunque es posible que los intereses sean demasiado grandes.

Las luchas por las que tuvieron y siguen teniendo que atravesar las comunidades aborígenes son innumerables y pocos países, como escenarios, son las excepciones de estos conflictos. En la provincia argentina de Santiago del Estero, existe el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (Mocase-VC) y convive con estas peleas desde hace casi 20 años.

Hace algunas semanas, 23 personas de esta comunidad fueron desalojadas de sus tierras y no de manera pacífica. “Les quemaron las pertenencias, todos los corrales, procediendo a destruirles las viviendas”, es lo que explica el comunicado del Mocase-VC, con respecto a este hecho. Además perdieron una gran y diversa cantidad de animales que criaban.

“Los Ingenieros Osvaldo González y Alfonso Héctor Tricárico, miembros de la actual delegación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, se presentaron identificándose como referentes del Programa Social Agropecuario”, expresa la organización, marcando a estos funcionarios provinciales como los responsables que quieren quitarles sus tierras.

Pero, como en la mayoría de estos casos, la policía sólo cumple órdenes de superiores. En la misma provincia, hace un mes, estuvo detenido 20 días Miguel Rodríguez, de 67 años, por orden del juez de Añatuya, Álvaro Mansilla. El cargo con el cual se lo inculpaba era de “robo calificado”, cuando fue él, el que llevó a cabo una denuncia por robo de animales de su propiedad, siendo un habitante ancestral de la zona.

Luego de que más de un centenar de personas se movilizaran pidiendo su liberación, entre organismos de derechos humanos, campesinos y organizaciones sociales, el juez lo dejó en libertad.

Hechos como este se suceden muy seguidos y pocos salen a la luz. Es notorio cómo las fuerzas y los poderes que ostentan cada parte es lo que se termina imponiendo en varios de los casos. Y en muchos de estos también se encuentran presentes los abusos que hacen de los indígenas, aprovechándose por ejemplo, del poco peso que tienen éstos en los medios de comunicación.

Todo esto se nota en las causas en las cuales se los juzgan y las condiciones de encarcelamiento. La mayoría de los delitos son por usurpación de tierras.

En Chile, a partir del 2001, con el gobierno de Ricardo Lagos, estos casos pasaron a estar en manos de la Justicia. Y la Ley Antiterrorista es la que se aplica en algunos de estos casos, una ley heredada de la dictadura militar (1973-1990) y que había sido creada para perseguir opositores políticos.

Como pasa actualmente con la Ley de Caducidad en Uruguay o la Ley de Amnistía en Brasil, en Chile también hay legislaciones decretadas por los regimenes militares que aún siguen vigentes.

Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de ese país, recordó que durante la campaña electoral, la actual presidenta Michelle Bachelet, “prometió que no se iba a aplicar la Ley Antiterrorista en causas que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche”.

Sin embargo, en febrero de este año, Miguel Tapia Huenulef, perteneciente a esta comunidad, fue detenido y acusado bajo esta normativa. No fue el único, ya que durante la presidencia de Lagos, más de 30 personas también fueron sometidas a juicio debido a esta ley.

Los abusos siguen y son variados. En México, según la organización gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría de los aborígenes que se encuentran detenidos, son aquellos que no tienen posibilidad de pagar una fianza o cumplir con la “reparación del daño”, tal como la llaman en ese país.

El abogado de la etnia nahua, Gilberto Rivera, le dijo al medio periodístico ipsnoticias.net, que muchos de los indígenas “están presos simplemente porque no hubo un traductor y un abogado que les explicara bien de qué se les acusaba. Eso está cambiando, aunque lentamente".

Volviendo a la Argentina, la policía de Santiago del Estero ya tuvo varios episodios de enfrentamiento contra los integrantes del Mocase. Durante la celebración de una fiesta popular, en agosto del año pasado, había interceptado a 4 personas, a las cuales se las detuvo sin ningún justificativo.

Todas fueron golpeadas y Luis Paz fue el que más sufrió esto, ya que los oficiales le decían “que él era un cabecilla del Mocase, uno de los que para topadoras, de los que quitan armas, de los que no dejan trabajar a las empresas forestales", según un comunicado de la organización aborigen.

En la provincia de Salta también hay conflictos con los indígenas de esa región. Los intereses por deforestar la zona por parte de grandes empresas, acompañadas por algunos políticos, son tan grandes en cantidad, que ya dejan de ser casualidades y se transforman en causalidades.

El chaco salteño es una de las zonas más perjudicadas por este motivo. Los más afectados son las comunidades que viven allí. La explotación maderera, la minería y la construcción de rutas y puentes, son algunas de los objetivos de estas empresas.

Paradójicamente, estas provincias se entrecruzaron, o mejor dicho, la policía salteña cruzó e irrumpió en tierra santiagueña a principio de año para detener, amenazar y reprimir a un grupo de campesinos. Mientras esto sucedía, el destacamento policial de Santiago del Estero más cercano al paraje donde se produjo el hecho, permanecía cerrado por esos días.

La defensa de los indígenas contra aquellos que tienen más poder, se vuelve envidiable por la fuerza y las ganas con la que luchan por sus derechos. Algunas personas no entienden esto y pueden llegar a creerse superiores a ellos y tratan de avasallarlos como sea.

Como por ejemplo, la Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima, que les inició causas penales a campesinos por sacar leña del lugar en donde viven, en la patagonia argentina.

Como quedó dicho, puede haber excepciones, pero la mayor parte de Latinoamérica fue y sigue siendo testigo de cómo los aborígenes sufren por sus pertenencias, por sus tierras tan codiciadas. Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y México son algunos de los países en los que hubo algún tipo de enfrentamiento.

En Brasil, varios campesinos tienen miedo que les saquen terrenos de cara a lo que será el mundial de fútbol del 2014, temiendo que se pretendan construir en esos lugares, estacionamientos o centros comerciales. Repasando todos estos hechos, llenos de intereses económicos, no están errados al menos en pensarlo.

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