Conflicto en Perú

12/06/09

Gobierno e indígenas, política y sangre

Los reclamos que mantienen las comunidades nativas llevan más de 2 meses y la cantidad de muertos en enfrentamientos con la policía va en aumento. Ya son más de 50 entre ambas partes.

Luego de 2 meses, la disputa entre las dos partes se está volviendo cada vez más inflexible. Lo peor de todo es que esa inflexibilidad se está cobrando un derramamiento de sangre con varias muertes en el medio. Las comunidades indígenas parecen no ceder en sus reclamos y el gobierno de Perú tampoco deja de tirar de la soga. La decisión de crear el primer partido político compuesto por nativos de la región, definitivamente no aplacó la violencia generada en los últimos meses.

Tal vez, el presidente Alan García, no se imaginaba que los negocios de su país con Estados Unidos podían traerle tantos problemas. Porque la raíz de todo esto es el Tratado de Libre Comercio de Perú con el país norteamericano. Como consecuencia de estas negociaciones, el Presidente peruano se vio obligado a dictar una serie de decretos legislativos, con los cuales las comunidades de la Amazonia se mostraron claramente en contra.

Esas leyes afectan a los indígenas y al lugar en el que viven, y por este motivo piden la inconstitucionalidad de ellas. Tienen motivos para pedir esto, ya que se basan en lo pronunciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el artículo 17 de la Convención 169, dice que: “Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”.

Precisamente, esto es lo que quería hacer el gobierno con estos territorios. Además, los campesinos tampoco fueron consultados. Para satisfacción de las personas que reclamaban por esto, uno de los decretos ya fue declarado inconstitucional. Se trata de la ley forestal. Igualmente quedan 8 leyes más que están en la mira y son eje de los reclamos, aunque recientemente fueron suspendidos por 90 días hasta llegar a una solución definitiva.

Por estas cuestiones es que hace más de dos meses, más de 300 comunidades de la selva amazónica se encuentran realizando paros que afectan el transporte de personas, mercaderías y cargas. Así también perturban la economía de la región. A esto además se le suman las distintas movilizaciones que están llevando a cabo.

Los cortes de rutas y ríos, y la toma de puntos de extracción de gas y aeropuertos, son algunas de las medidas que tomó el campesinado. De esta manera causan que varias ciudades sufran desabastecimiento de alimentos y cortes de energía en algunos sectores cercanos.

Por esto es que intentan que el Tribunal Constitucional los ayude y anule el paquete de leyes promulgado por el Poder Ejecutivo, ya que lo consideran lesivo para la zona, algo que la Defensoría del Pueblo apoya. De no ser así, “apelaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y representante de los pueblos nativos.

Además resaltó, durante la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que “si hay que morir, que nos maten. Preferimos morir luchando para que nuestros hijos puedan vivir dignamente”. Esto en referencia a los muy duros enfrentamientos entre los campesinos y la policía. Algo que se está volviendo cada vez más común. Las marchas pacíficas quedaron definitivamente de lado.

A pesar de esto, Pizango remarcó nuevamente que las movilizaciones serán en paz “porque los pueblos indígenas son respetuosos de los derechos humanos”. Igualmente, más de 50 muertes son las que se produjeron hasta el momento, contando ambas partes involucradas. Aunque no hay una cifra oficial con respecto a los fallecidos, debido a que hay cuerpos que todavía no se encontraron.

Ante esta situación casi insostenible, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), expresó mediante un comunicado que “la forma como se ha manejado el diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo y la representación de las comunidades amazónicas ha terminado agudizando el conflicto, con las consecuencias por todos conocidas”. También marca la necesidad que esta problemática sea tratada por el Tribunal Constitucional.

Por los reclamos y por las consecuencias que dejaron estas exigencias, es que se decidió crear una nueva agrupación política integrada y para que defienda los intereses de los indígenas. Esto es lo que anunció hace algunos días Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Igualmente, la conformación del Proyecto Político Perú Plurinacional (el nuevo partido), se terminará de decidir en los próximos meses, entre agosto y septiembre. Siendo más ofensivo, Palacios también remarcó que "el Congreso de la República no responde, no legisla, ni fiscaliza, en tanto que el Ejecutivo es corrupto". Además señaló que el partido que está en construcción se debe “a que no hay un interés político por recoger la demanda indígena”.

Esto también se vio favorecido en el acuerdo alcanzado en la reciente Cumbre, de crear una Unión Mundial de Naciones que canalice los esfuerzos y aumente la fuerza política de los nativos. En esta convención, celebrada en la ciudad de Puno, pueblos de la comunidad Abya Yala, mostraron su disconformidad con el sistema liberal de Perú.

Además, exigieron Estados Plurinacionales, para que el Estado reconozca a los indígenas como naciones preexistentes y respeten sus derechos ancestrales. Al mismo tiempo pidieron Buen Vivir, concepto que hace referencia a la armonía y al equilibrio que predicaron estas culturas.

Pero a pesar de las exigencias, el gobierno nacional, con el presidente Alan García a la cabeza, parece que no quiere dar el brazo a torcer. Inclusive, las diferencias son cada vez mayores. Especialmente, después de que el Poder Judicial dictaminara la orden de detención contra Alberto Pizango. Es acusado de sedición y rebelión, además de ser responsabilizado como autor intelectual de las muertes ocurridas en la ciudad de Bagua, donde se enfrentaron nativos y policías.

El líder indígena, a raíz de su persecución, se refugia en la Embajada de Nicaragua, luego de un pedido de asilo. Como pasa en la mayoría de las disputas, las acusaciones van en ambas direcciones. La vicepresidenta de Aidesep, Daysie Zapata, responsabilizó al gobierno por la masacre ocurrida, diciendo que “ha manchado de sangre nuestro Perú”. Al mismo tiempo, ratificó que Pizango se encuentra en Lima, luego de rumores que indicaban que se había refugiado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Siendo más específica, Zapata acusó al presidente Alan García; a la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas; y al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. A la Aidesep, además se le suman una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales que reclaman por la derogación de los decretos legislativos, los cuales afectan a los hidrocarburos y biocombustibles de la zona.

Por ejemplo, el Taller Permanente de Mujeres Indígenas y Amazónicas de Perú (TPMIAAP), integrantes de la organización social Chirapaq, se pronunciaron explicando que los “actos de violencia lamentables se pudieron evitar con el diálogo y el respeto a los derechos humanos”. También piden la intervención inmediata del Relator especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo.

Estas acusaciones también se pueden ver en la declaración formal de la Cumbre Amazónica, donde señala a García de ser el “único responsable”. Entre otras cosas a resaltar de una serie de puntos difundida, está el pedido de renuncia del primer ministro Yehude Simon y la solicitud de juicio político y penal al Presidente. Además declaran como “héroes a los ciudadanos fallecidos que sacrificaron sus vidas en defensa de los derechos amazónicos y recursos naturales de la Nación”.

Por su parte, Alan García se defendió diciendo que “estas personas no tienen corona. No son ciudadanos de primera clase que puedan decir, 400.000 nativos a 28.000.000 de peruanos, ‘tu no tienes derecho a venir por aquí’, ese es un error gravísimo”. Esto en referencia a los manifestantes y los cortes de ruta. Además trató de delincuente a Pizango, habló de un “complot contra la democracia” y no descartó que estos movimientos hayan sido generados por intereses extranjeros.

En parte, los pueblos nativos le dan la razón, ya que para ellos, todo esto se dio en relación a los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar que el paquete de decretos legislativos se da en relación al Tratado de Libre Comercio entre los norteamericanos y Perú.

Otras de las leyes firmadas se trata de la parcelación de las tierras ancestrales de las comunidades del Amazona y la venta de áreas selváticas a inversionistas extranjeros. Aparte de los decretos, se pide el cese del toque de queda en la región y del Estado de Emergencia.

La mesa de diálogo propuesta en su momento por el Gobierno, quedó olvidada ya que ninguna de las partes se ponía de acuerdo. Pizango reclamaba que primero se derogaran las leyes para sentarse a hablar. García y Simon, pedían que dejen los cortes y reclamos para así dialogar. Después vinieron los enfrentamientos, las muertes y el pedido de detención para el líder campesino.

Las exigencias se están haciendo oír cada vez con más fuerza y distintas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos se suman en los pedidos en defensa de los indígenas. Habrá que ver si la suspensión momentánea del decreto produce algún efecto. La intransigencia de ambas parte tendrá que tener un alto si es que no se quiere expandir el derramamiento de sangre.