Justicia o impunidad es la cuestión en Uruguay
Luego de las primeras condenas a represores de la dictadura militar, la amnistía con bases legales para con los genocidas será tratada en un plebiscito y cuestionada su continuidad.
En algunos países de la región se dictaron leyes para favorecer a los represores: la Ley de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina, la Ley de Amnistía en Brasil o la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en Uruguay.
Mientras que en otros, ni siquiera hizo falta eso. Dejaron de lado todas las formalidades legales y sólo bastó con ignorar o hacer la vista gorda para no juzgar a aquellos protagonistas del infierno vivido en este lado del mundo.
Después de mucho tiempo, algunos de estos países empezaron a cambiar las reglas establecidas -generadas por los años de plomo-, y varios genocidas comenzaron a ser enjuiciados. Los pactos entre estos y los primeros gobiernos democráticos fueron quedando de lado.
En el caso de Argentina sucedió porque las leyes fueron anuladas a partir de una resolución del ex presidente Néstor Kirchner. Así, comenzó una etapa de justicia en cuanto al enjuiciamiento a los represores de la última dictadura militar (1976-1982).
En Chile pasó algo similar desde el inicio de su período democrático y, en especial, desde la asunción de Michelle Bachelet como presidenta. Distintos militares, agentes y personas que colaboraron con la dictadura de Augusto Pinochet fueron procesadas, mientras que más de 400 causas siguen abiertas y en curso.
La todavía vigente ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad, volvió a los primeros planos de polémica en Uruguay. Con las primeras condenas firmes a represores producidas hace poco más de un mes, y con la recolección de firmas para llegar a un referéndum y tratar esta legislación, otra vez las movilizaciones sobre este tema se volvieron a sentir con mayor fuerza.
Luego de varias campañas de diferentes organizaciones, y con la cantidad de firmas necesarias para tratarla, se
realizará un plebiscito el 25 de octubre (el mismo día de las elecciones), donde el pueblo uruguayo podrá decidir su derogación. Esto ya había sucedido en 1989. En aquella ocasión, la ley había sido ratificada luego de su sanción en 1986.
En sintonía con algunos de sus pares latinoamericanos, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, desde su asunción (octubre de 2004), trató que se esclarecieran los crímenes contra los Derechos Humanos durante la última dictadura militar (1973-1985).
A pesar de que durante su candidatura había declarado que no iba a anular esta normativa, decidió dejar en manos del pueblo esta decisión. A su vez, ayudó desde su lugar para que salieran a la luz los delitos de lesa humanidad ocurridos durante esa época.
Muchos son los que dicen que desde la figura presidencial existen dudas e inseguridades en cuanto a la polémica ley. Esto de algún modo, sostienen, es trasladado a la sociedad en su conjunto.
Además, esa misma especie de inseguridad se vio reflejada por ejemplo en el trabajo de la consultora uruguaya Factum, donde en una encuesta hecha a fines de abril, se notó la división de la gente y las distintas opiniones de ellas.
Igualmente, en este trabajo, la mayoría está claramente a favor de la anulación de la ley con un 46 por ciento, mientras que un 30 por ciento está en contra. El restante 24 por ciento no quiso opinar sobre el tema. Si se tiene en cuenta que con una simple mayoría de votos se consigue el objetivo, es muy probable que la Ley de Caducidad llegue a su fin.
Pero es difícil quedarse sólo con ese dato si los que están en contra llegan a un 30 por ciento, según la encuestadora. Ese número también hace bastante ruido, ya que, en definitiva, estarían apoyando a los represores que estuvieron al mando del país y fueron responsables de cientos de desapariciones, muertes y torturas.
En algunos casos, parte de los que están en contra son personas que piensan que la democracia y la justicia no son el mejor remedio para el país. Pensamientos que quedaron arraigados desde la dictadura militar. Pero además, hay sectores que pertenecen al Poder Legislativo, quizá lo que más preocupa.
El senador del Partido Nacional y líder del sector Correntada Wilsonista, Francisco
Gallinal, declaró en la página oficial de esta agrupación que no firmó a favor del plebiscito y no votará en él por la opción de anular la ley. “Desde el punto de vista ético, no comparto que se pretenda derogar una norma con el propósito de realizar revisionismo”, dijo. Pareciera ser que las cosas del pasado, se tienen que quedar en el pasado.
La consultora Cifra también realizó un estudio sobre esta ley en marzo y los números resultaron similares a la anterior. Un 42 por ciento se mostró conforme con derogarla, al contrario del 27 por ciento, que prefiere no anularla.
Pero no sólo la sociedad uruguaya, al menos en su mayoría, quiere que esta legislación deje de existir. Hace tan sólo unos días, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó un pedido de abolición de esta ley al Gobierno uruguayo.
Antes de esta solicitud, el Presidente de Uruguay había elevado al Parlamento un proyecto llamado Ley de Reparación, en el cual el Estado se hace responsable por los crímenes cometidos durante la dictadura. De esta forma reconoce el “quebrantamiento del estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales de las personas”, tal como lo indica el texto.
Además, así se le otorgaría un resarcimiento económico a las víctimas y familiares de éstas, que van desde 20.000 a 40.000 dólares. Asimismo, se les brindaría ayuda profesional y asistencia médica en algunos casos.
Igualmente, ya hay organismos que se mostraron en contra de esta propuesta, tal es el caso de Crysol, una asociación de ex presos políticos, ya que este proyecto no los contempla. En la misma situación se encuentran aquellos que tuvieron que exiliarse del país, durante esa época. Aunque todos ellos aclararon que es un buen inicio el reconocer las responsabilidades.
A pesar de estos últimos reclamos, este hecho, más las condenas a las personas a las que se las consideraron que quedaban fuera de la Ley de Caducidad, sirven para demostrar las ganas que existen en el Gobierno uruguayo y en su justicia de cambiar la historia de los últimos 20 años. Esto, aun las idas y vueltas sobre el tema.
En ese sentido, también se podría decir que quieren asemejarse aún más a Argentina, que termina resultando un ejemplo en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Para terminar de encolumnarse en ese camino, sólo falta que deje de existir la “Ley de Impunidad”, tal como la llaman sus opositores.
Los enjuiciamientos a oficiales retirados y ex policías, se los pudo llevar a cabo ya que tanto el Poder Ejecutivo, así como de la misma manera el Poder Legislativo y la Justicia, consideraron inconstitucional la ley en estos casos en particular, amparándose en unos de sus artículos.
La caducidad abarca solamente a los altos mandos y subalternos del Ejército uruguayo. Es por esto también que Vázquez, una vez asumido el poder, ordenó que se investigaran varios crímenes de lesa humanidad que quedaban fuera de la legislación vigente.
Después de las primeras votaciones del Congreso en contra de la ley, el senador del partido Frente Amplio, Rafael Michelini, había declarado al diario Página/12: “Hasta el 2005 reinaba la impunidad, no había ni un militar ni un policía detenido”. De esta manera se expresaba uno de los principales defensores de los derechos humanos e hijo del ex senador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires.
A partir de estos casos de condenas, se puede sentar un precedente importante para que la Corte Suprema de Justicia pueda procesar a demás militares y policías que hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. En esto tiene que ver el artículo 8 de la Constitución, en donde se argumenta que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Todo está dado para que la Corte Electoral dé el visto bueno a la cantidad de firmas necesarias para llegar al plebiscito. Se estima que la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad llegó a recolectar más de 340.000, un número bastante superior a las 250.000 necesarias (el 10 por ciento del total del electorado). Entre diversas organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, y personas en general, se llegó a esa cantidad de firmas.
Para que Latinoamérica haya tomado un rumbo distinto al de años anteriores, tuvo que pasar bastante tiempo. Varios gobiernos democráticos obviaron este tema o, peor aún, dejaron la justicia a un costado para ponerse del lado de los genocidas.
En Brasil, hace un par de años, oficializaron la cantidad de desaparecidos durante la dictadura de su país (1964-1985), llegando al número de 339 personas. Esto se dio luego de 25 años de democracia. A pesar de esto, el año pasado, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva no tuvo palabras que ayudaran a esclarecer estos delitos.
A raíz de una discusión sobre este tema, distintos ministros y militares salieron a cruzarse verbalmente y el primer mandatario expresó que la sociedad tiene que “transformar” a los muertos en “héroes y no en víctimas”. A lo que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, agregó: “Estamos construyendo el futuro y no el pasado”.
De esta manera, ambos dejaron en claro que no tienen ningún interés en revisar los acontecimientos producidos hace algunas décadas atrás. Por estas palabras y teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía sigue vigente en Brasil, se hace complicado poder llegar a una justicia plena.
Por todas estas cuestiones de los países sudamericanos, resulta necesario que la Ley de Caducidad llegue a su fin para que Uruguay pueda salir adelante con la justicia necesaria en cualquier nación. El 25 de octubre, independientemente de quien salga electo en los distintos cargos, es una muy buena oportunidad para que la historia de Uruguay no quede en el olvido.
Mientras que en otros, ni siquiera hizo falta eso. Dejaron de lado todas las formalidades legales y sólo bastó con ignorar o hacer la vista gorda para no juzgar a aquellos protagonistas del infierno vivido en este lado del mundo.
Después de mucho tiempo, algunos de estos países empezaron a cambiar las reglas establecidas -generadas por los años de plomo-, y varios genocidas comenzaron a ser enjuiciados. Los pactos entre estos y los primeros gobiernos democráticos fueron quedando de lado.
En el caso de Argentina sucedió porque las leyes fueron anuladas a partir de una resolución del ex presidente Néstor Kirchner. Así, comenzó una etapa de justicia en cuanto al enjuiciamiento a los represores de la última dictadura militar (1976-1982).
En Chile pasó algo similar desde el inicio de su período democrático y, en especial, desde la asunción de Michelle Bachelet como presidenta. Distintos militares, agentes y personas que colaboraron con la dictadura de Augusto Pinochet fueron procesadas, mientras que más de 400 causas siguen abiertas y en curso.
La todavía vigente ley 15.848, conocida como Ley de Caducidad, volvió a los primeros planos de polémica en Uruguay. Con las primeras condenas firmes a represores producidas hace poco más de un mes, y con la recolección de firmas para llegar a un referéndum y tratar esta legislación, otra vez las movilizaciones sobre este tema se volvieron a sentir con mayor fuerza.
Luego de varias campañas de diferentes organizaciones, y con la cantidad de firmas necesarias para tratarla, se
realizará un plebiscito el 25 de octubre (el mismo día de las elecciones), donde el pueblo uruguayo podrá decidir su derogación. Esto ya había sucedido en 1989. En aquella ocasión, la ley había sido ratificada luego de su sanción en 1986.En sintonía con algunos de sus pares latinoamericanos, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, desde su asunción (octubre de 2004), trató que se esclarecieran los crímenes contra los Derechos Humanos durante la última dictadura militar (1973-1985).
A pesar de que durante su candidatura había declarado que no iba a anular esta normativa, decidió dejar en manos del pueblo esta decisión. A su vez, ayudó desde su lugar para que salieran a la luz los delitos de lesa humanidad ocurridos durante esa época.
Muchos son los que dicen que desde la figura presidencial existen dudas e inseguridades en cuanto a la polémica ley. Esto de algún modo, sostienen, es trasladado a la sociedad en su conjunto.
Además, esa misma especie de inseguridad se vio reflejada por ejemplo en el trabajo de la consultora uruguaya Factum, donde en una encuesta hecha a fines de abril, se notó la división de la gente y las distintas opiniones de ellas.
Igualmente, en este trabajo, la mayoría está claramente a favor de la anulación de la ley con un 46 por ciento, mientras que un 30 por ciento está en contra. El restante 24 por ciento no quiso opinar sobre el tema. Si se tiene en cuenta que con una simple mayoría de votos se consigue el objetivo, es muy probable que la Ley de Caducidad llegue a su fin.
Pero es difícil quedarse sólo con ese dato si los que están en contra llegan a un 30 por ciento, según la encuestadora. Ese número también hace bastante ruido, ya que, en definitiva, estarían apoyando a los represores que estuvieron al mando del país y fueron responsables de cientos de desapariciones, muertes y torturas.
En algunos casos, parte de los que están en contra son personas que piensan que la democracia y la justicia no son el mejor remedio para el país. Pensamientos que quedaron arraigados desde la dictadura militar. Pero además, hay sectores que pertenecen al Poder Legislativo, quizá lo que más preocupa.
El senador del Partido Nacional y líder del sector Correntada Wilsonista, Francisco
Gallinal, declaró en la página oficial de esta agrupación que no firmó a favor del plebiscito y no votará en él por la opción de anular la ley. “Desde el punto de vista ético, no comparto que se pretenda derogar una norma con el propósito de realizar revisionismo”, dijo. Pareciera ser que las cosas del pasado, se tienen que quedar en el pasado.La consultora Cifra también realizó un estudio sobre esta ley en marzo y los números resultaron similares a la anterior. Un 42 por ciento se mostró conforme con derogarla, al contrario del 27 por ciento, que prefiere no anularla.
Pero no sólo la sociedad uruguaya, al menos en su mayoría, quiere que esta legislación deje de existir. Hace tan sólo unos días, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó un pedido de abolición de esta ley al Gobierno uruguayo.
Antes de esta solicitud, el Presidente de Uruguay había elevado al Parlamento un proyecto llamado Ley de Reparación, en el cual el Estado se hace responsable por los crímenes cometidos durante la dictadura. De esta forma reconoce el “quebrantamiento del estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales de las personas”, tal como lo indica el texto.
Además, así se le otorgaría un resarcimiento económico a las víctimas y familiares de éstas, que van desde 20.000 a 40.000 dólares. Asimismo, se les brindaría ayuda profesional y asistencia médica en algunos casos.
Igualmente, ya hay organismos que se mostraron en contra de esta propuesta, tal es el caso de Crysol, una asociación de ex presos políticos, ya que este proyecto no los contempla. En la misma situación se encuentran aquellos que tuvieron que exiliarse del país, durante esa época. Aunque todos ellos aclararon que es un buen inicio el reconocer las responsabilidades.
A pesar de estos últimos reclamos, este hecho, más las condenas a las personas a las que se las consideraron que quedaban fuera de la Ley de Caducidad, sirven para demostrar las ganas que existen en el Gobierno uruguayo y en su justicia de cambiar la historia de los últimos 20 años. Esto, aun las idas y vueltas sobre el tema.
En ese sentido, también se podría decir que quieren asemejarse aún más a Argentina, que termina resultando un ejemplo en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Para terminar de encolumnarse en ese camino, sólo falta que deje de existir la “Ley de Impunidad”, tal como la llaman sus opositores.
Los enjuiciamientos a oficiales retirados y ex policías, se los pudo llevar a cabo ya que tanto el Poder Ejecutivo, así como de la misma manera el Poder Legislativo y la Justicia, consideraron inconstitucional la ley en estos casos en particular, amparándose en unos de sus artículos.
La caducidad abarca solamente a los altos mandos y subalternos del Ejército uruguayo. Es por esto también que Vázquez, una vez asumido el poder, ordenó que se investigaran varios crímenes de lesa humanidad que quedaban fuera de la legislación vigente.
Después de las primeras votaciones del Congreso en contra de la ley, el senador del partido Frente Amplio, Rafael Michelini, había declarado al diario Página/12: “Hasta el 2005 reinaba la impunidad, no había ni un militar ni un policía detenido”. De esta manera se expresaba uno de los principales defensores de los derechos humanos e hijo del ex senador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires.
A partir de estos casos de condenas, se puede sentar un precedente importante para que la Corte Suprema de Justicia pueda procesar a demás militares y policías que hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. En esto tiene que ver el artículo 8 de la Constitución, en donde se argumenta que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.
Todo está dado para que la Corte Electoral dé el visto bueno a la cantidad de firmas necesarias para llegar al plebiscito. Se estima que la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad llegó a recolectar más de 340.000, un número bastante superior a las 250.000 necesarias (el 10 por ciento del total del electorado). Entre diversas organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, y personas en general, se llegó a esa cantidad de firmas.
Para que Latinoamérica haya tomado un rumbo distinto al de años anteriores, tuvo que pasar bastante tiempo. Varios gobiernos democráticos obviaron este tema o, peor aún, dejaron la justicia a un costado para ponerse del lado de los genocidas.
En Brasil, hace un par de años, oficializaron la cantidad de desaparecidos durante la dictadura de su país (1964-1985), llegando al número de 339 personas. Esto se dio luego de 25 años de democracia. A pesar de esto, el año pasado, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva no tuvo palabras que ayudaran a esclarecer estos delitos.
A raíz de una discusión sobre este tema, distintos ministros y militares salieron a cruzarse verbalmente y el primer mandatario expresó que la sociedad tiene que “transformar” a los muertos en “héroes y no en víctimas”. A lo que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, agregó: “Estamos construyendo el futuro y no el pasado”.
De esta manera, ambos dejaron en claro que no tienen ningún interés en revisar los acontecimientos producidos hace algunas décadas atrás. Por estas palabras y teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía sigue vigente en Brasil, se hace complicado poder llegar a una justicia plena.
Por todas estas cuestiones de los países sudamericanos, resulta necesario que la Ley de Caducidad llegue a su fin para que Uruguay pueda salir adelante con la justicia necesaria en cualquier nación. El 25 de octubre, independientemente de quien salga electo en los distintos cargos, es una muy buena oportunidad para que la historia de Uruguay no quede en el olvido.
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