Guatemala y su crisis habitual
A pesar de la acusación contra el presidente Álvaro Colom, los conflictos políticos y sociales del país no son nuevos. Las muertes que comenzaron durante la dictadura parecen no terminar más.
Es difícil pensar que a partir de la difusión de un video se pueda generar una crisis a nivel nacional. Desde que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, se vio involucrado en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, una especie de estallido social se comenzó a vivir en ese país.
Aunque ya desde hace muchos años que esta nación no puede mantener un nivel estable en cuanto a su institucionalidad, este hecho profundizó aún más las diferencias sociales e ideológicas entre la población y acrecentó el conflicto ya habitual.
“Si usted está viendo este video es porque fui asesinado por el presidente”. De esta manera, Rosenberg comenzaba a explicarle al mundo su verdad. Seguiría más adelante mencionando los nombres de Sandra de Colom, (esposa del primer mandatario), Gustavo Alejos (secretario pri
vado de la Presidencia) y Gregorio Valdez (financista de la campaña presidencial), como responsables también de su muerte.
A partir de este acontecimiento, Guatemala se convulsionó y no es para menos. Pero la realidad indica que la crisis se viene arrastrando desde hace varios años. Sin sacarle ni otorgarle culpas a nadie sobre este hecho en particular, las muertes en el país son moneda corriente. Lo fueron durante todo el período de la última dictadura militar (1954-1986) y también continuaron ocurriendo durante la etapa democrática.
Así como durante el primer gobierno pos-dictadura, al mando de Vinicio Cerezo, no fue nada fácil encaminar al país, con un clima de violencia, deficiencias serias en la salud y en la educación y con denuncias de corrupción, los siguientes mandatos de los posteriores presidentes resultaron similares.
A continuación de Cerezo, estuvo Jorge Serrano Elías, el mismo que disolvió, de manera nada democrática, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, yéndose así con acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Luego estuvieron como presidentes Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú Irigoyen, los cuales avanzaron en el proceso de pacificación dentro del país. Después fue el turno de Alfonso Portillo, quien terminó huyendo a México por denuncias de corrupción y malversación de fondos, algo común en los mandatarios a esta altura. Lo sucedió Óscar Berger Perdomo, en un período en el que la delincuencia y el narcotráfico se afianzaron nuevamente.
En ninguno de estos gobiernos se pudo vivir con una plena comodidad, no se transmitió una garantía de justicia absoluta y, especialmente, nunca se brindó una seguridad total a su población.
El narcotráfico, la delincuencia, los asesinatos y la corrupción, entre otros aspectos negativos que puede tener una sociedad, fueron y aún son de lo más común en Guatemala. Lo más posible es que lo sigan siendo, porque no existe una base sólida desde la cual se pueda impulsar al país para dejar atrás todo eso y alcanzar una estabilidad social.
No se le puede reprochar con demasiado énfasis a la gente de por qué no hizo nada durante las décadas dictatoriales, pero sí se les puede exigir que protesten ahora, que reclamen por lo que es suyo o por lo que no tienen. La justicia la tendrán que imponer las autoridades que correspondan, pero además puede ser promovida desde el reclamo, por la sociedad entera.
“Yo no quiero dos Guatemalas; somos lo mismo y todos debemos hacer un esfuerzo por ser una sola”, dijo Colom hace unos días, en referencia a las marchas multitudinarias que se hicieron a favor y en contra de su gobierno. Esto es lo que vivió el país a lo largo de su historia, innumerables divisiones. Algo similar a lo que pasa en el resto de los países vecinos.
La hermandad latinoamericana se ve, en oportunidades, entre las distintas naciones, pero muy poco se aprecia dentro de cada una de ellas. Suelen ser más las separaciones internas que las que se muestran hacia afuera. Y si la sociedad no se muestra uniforme en el pedido de justicia, el país seguirá igual que siempre.
El asesinato de Rosenberg sacó a la luz una vez más las dudas, las miserias, y la avaricia propia de muchos políticos, a la cual el mismo presidente guatemalteco la llamó “politiquería barata”. Y sin dudas que esto ayuda a que se acrecienten las divisiones mencionadas.
La reciente aprobación por parte del Poder Legislativo, de la Ley de Comisiones de Postulación, que regulará las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puede llegar a ser un paso importante en todo este proceso.
Cada caso se tiene que esclarecer sin importar los cargos que ocupen aquellos acusados. Y esas acusaciones son cada vez mayores, tanto de un lado como del otro. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), realizó un estudio en el que denuncia que se gastó más de 2.000.000 de dólares para defender al Gobierno. Señala que este monto fue utilizado de los recursos públicos para hacer campañas y financiar las movilizaciones en favor de Colom.
Obviamente que de inmediato, desde la Presidencia salieron a desmentir esta versión, diciendo que el dinero usado fue sufragado con recursos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido con el que se había presentado el actual Presidente de Guatemala.
Las versiones comenzaron desde el mismo día de la difusión del video. A partir de ahí, un cúmulo de palabras, acusaciones, denuncias y entredichos se empezaron a escuchar. Lo cierto es que la actualidad del país sólo se agravó más.
El hecho que Rosenberg haya señalado como “ladrón, asesino y cobarde” al presidente convulsionó a toda la pobla
ción. Es verdad que no todos los días se hace tal inculpación hacia quien fue dirigida, pero la crisis ya estaba y, por lo tanto, no es nada nueva.
Las muertes se hicieron algo común a lo largo de su historia. Quizá más comprensible durante la época dictatorial, ya que en los demás países de Sudamérica ocurrió lo mismo. Pero ya en democracia los números de víctimas fatales siguen siendo alarmantes.
Según la organización Amnistía Internacional, especialista en derechos humanos, más de 2.900 mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2007. Además reveló que el 70 por ciento de esos casos no fueron investigados y en el 97 por ciento no se produjo ningún arresto.
A estas muertes, también hay que sumarles las de los narcotraficantes que luchan entre sí, las de los policías que luchan contra los narcotraficantes, las de los ciudadanos comunes que luchan contra los narcotraficantes y contra los policías, y que, en definitiva, todos ellos luchan por sobrevivir.
En el mundo entero mueren alrededor de 490.000 personas a diario a causa de la violencia, la mayoría en América Latina y en Sudáfrica. Guatemala es uno de los primeros en la lista. Esto de acuerdo a un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En este mismo informe se dio a conocer que en el año 2005 se produjo una pérdida superior a los 2.000.000 de dólares en el país, debido a que la alta cantidad de fallecimientos se ven reflejados en la economía, por los costos médicos y legales surgidos.
Con cada número se ve que no son para nada nuevos estos problemas y los daños son infinitos para cualquier nación. La impunidad siempre se paga, aunque no siempre la pagan aquellos que deberían hacerlo. En estos casos, la misma sociedad es la más perjudicada, como pasa en la mayoría de las ocasioness.
Para seguir alarmándose, están las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Amigos frente a la Delincuencia y el Secuestro (FADS). Estos organismos registraron más de 5.400 muertes durante 2008, y 140 secuestros.
Volviendo al caso Rosenberg y a partir de tantos cruces verbales, aparecieron diversas voces a favor y en contra de Colom. Las que lo apoyaron desde el principio fueron las de distintos mandatarios, como así también la del Grupo de Río, integrado por gobiernos de América Latina y el Caribe.
“La extrema derecha sigue arremetiendo contra los Gobiernos democráticos, progresistas [...] la extrema derecha al
entada por factores internacionales", afirmó sin dudarlo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Contra estas posturas, está gran parte de la sociedad que se mostró disconforme en distintas manifestaciones.
Lo cierto es que en este caso, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Amílcar Velásquez, es quien está a cargo de la investigación, aunque las dudas también comenzaron a expandirse sobre él, después que se lo haya visto en una reunión privada con Colom. Además, tendrá la ayuda del FBI para llegar a la resolución del hecho y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las muertes de Khalil Musa y su hija Marjorie, defendidos por Rosenberg, habían abierto un nuevo campo de crisis e interrogantes. Según el abogado fallecido, a Musa lo mataron por no querer encubrir y participar de los negocios ilegales del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital privado y estatal, y del cual formaba parte de su junta directiva. “Es una cueva de ladrones. Todos sabemos que allí se financian las empresas fantasmas en las cuales se lavan todo el dinero”, había denunciado el jurista en el video póstumo.
En las próximas semanas tal vez se pueda saber si Colom será sometido a un antejuicio, derecho que le otorga la Constitución a determinados servidores públicos en ejercicio de su cargo, y que permite que en un principio no puedan ser juzgados por un tribunal común.
Lo único claro es que este país, ya sea con la dictadura militar como gobierno o con la democracia vigente, nunca pudo cambiar su historia, a pesar de algunos intentos. Las muertes siguen ocurriendo y no parece haber receta para remediar esto, al menos no en un corto plazo.
Teniendo en cuenta todos los hechos ocurridos en el pasado, no se puede negar de ninguna manera acerca de las palabras de Rosenberg en el video, es que “la historia final [su propia muerte] es la historia que hemos vivido demasiado en Guatemala, la misma que estuvimos repitiendo hace años”.
A pesar de la acusación contra el presidente Álvaro Colom, los conflictos políticos y sociales del país no son nuevos. Las muertes que comenzaron durante la dictadura parecen no terminar más.
Es difícil pensar que a partir de la difusión de un video se pueda generar una crisis a nivel nacional. Desde que el presidente de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, se vio involucrado en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, una especie de estallido social se comenzó a vivir en ese país.
Aunque ya desde hace muchos años que esta nación no puede mantener un nivel estable en cuanto a su institucionalidad, este hecho profundizó aún más las diferencias sociales e ideológicas entre la población y acrecentó el conflicto ya habitual.
“Si usted está viendo este video es porque fui asesinado por el presidente”. De esta manera, Rosenberg comenzaba a explicarle al mundo su verdad. Seguiría más adelante mencionando los nombres de Sandra de Colom, (esposa del primer mandatario), Gustavo Alejos (secretario pri
vado de la Presidencia) y Gregorio Valdez (financista de la campaña presidencial), como responsables también de su muerte.A partir de este acontecimiento, Guatemala se convulsionó y no es para menos. Pero la realidad indica que la crisis se viene arrastrando desde hace varios años. Sin sacarle ni otorgarle culpas a nadie sobre este hecho en particular, las muertes en el país son moneda corriente. Lo fueron durante todo el período de la última dictadura militar (1954-1986) y también continuaron ocurriendo durante la etapa democrática.
Así como durante el primer gobierno pos-dictadura, al mando de Vinicio Cerezo, no fue nada fácil encaminar al país, con un clima de violencia, deficiencias serias en la salud y en la educación y con denuncias de corrupción, los siguientes mandatos de los posteriores presidentes resultaron similares.
A continuación de Cerezo, estuvo Jorge Serrano Elías, el mismo que disolvió, de manera nada democrática, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, yéndose así con acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Luego estuvieron como presidentes Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú Irigoyen, los cuales avanzaron en el proceso de pacificación dentro del país. Después fue el turno de Alfonso Portillo, quien terminó huyendo a México por denuncias de corrupción y malversación de fondos, algo común en los mandatarios a esta altura. Lo sucedió Óscar Berger Perdomo, en un período en el que la delincuencia y el narcotráfico se afianzaron nuevamente.
En ninguno de estos gobiernos se pudo vivir con una plena comodidad, no se transmitió una garantía de justicia absoluta y, especialmente, nunca se brindó una seguridad total a su población.
El narcotráfico, la delincuencia, los asesinatos y la corrupción, entre otros aspectos negativos que puede tener una sociedad, fueron y aún son de lo más común en Guatemala. Lo más posible es que lo sigan siendo, porque no existe una base sólida desde la cual se pueda impulsar al país para dejar atrás todo eso y alcanzar una estabilidad social.
No se le puede reprochar con demasiado énfasis a la gente de por qué no hizo nada durante las décadas dictatoriales, pero sí se les puede exigir que protesten ahora, que reclamen por lo que es suyo o por lo que no tienen. La justicia la tendrán que imponer las autoridades que correspondan, pero además puede ser promovida desde el reclamo, por la sociedad entera.
“Yo no quiero dos Guatemalas; somos lo mismo y todos debemos hacer un esfuerzo por ser una sola”, dijo Colom hace unos días, en referencia a las marchas multitudinarias que se hicieron a favor y en contra de su gobierno. Esto es lo que vivió el país a lo largo de su historia, innumerables divisiones. Algo similar a lo que pasa en el resto de los países vecinos.
La hermandad latinoamericana se ve, en oportunidades, entre las distintas naciones, pero muy poco se aprecia dentro de cada una de ellas. Suelen ser más las separaciones internas que las que se muestran hacia afuera. Y si la sociedad no se muestra uniforme en el pedido de justicia, el país seguirá igual que siempre.
El asesinato de Rosenberg sacó a la luz una vez más las dudas, las miserias, y la avaricia propia de muchos políticos, a la cual el mismo presidente guatemalteco la llamó “politiquería barata”. Y sin dudas que esto ayuda a que se acrecienten las divisiones mencionadas.
La reciente aprobación por parte del Poder Legislativo, de la Ley de Comisiones de Postulación, que regulará las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puede llegar a ser un paso importante en todo este proceso.
Cada caso se tiene que esclarecer sin importar los cargos que ocupen aquellos acusados. Y esas acusaciones son cada vez mayores, tanto de un lado como del otro. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), realizó un estudio en el que denuncia que se gastó más de 2.000.000 de dólares para defender al Gobierno. Señala que este monto fue utilizado de los recursos públicos para hacer campañas y financiar las movilizaciones en favor de Colom.
Obviamente que de inmediato, desde la Presidencia salieron a desmentir esta versión, diciendo que el dinero usado fue sufragado con recursos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido con el que se había presentado el actual Presidente de Guatemala.
Las versiones comenzaron desde el mismo día de la difusión del video. A partir de ahí, un cúmulo de palabras, acusaciones, denuncias y entredichos se empezaron a escuchar. Lo cierto es que la actualidad del país sólo se agravó más.
El hecho que Rosenberg haya señalado como “ladrón, asesino y cobarde” al presidente convulsionó a toda la pobla
ción. Es verdad que no todos los días se hace tal inculpación hacia quien fue dirigida, pero la crisis ya estaba y, por lo tanto, no es nada nueva.Las muertes se hicieron algo común a lo largo de su historia. Quizá más comprensible durante la época dictatorial, ya que en los demás países de Sudamérica ocurrió lo mismo. Pero ya en democracia los números de víctimas fatales siguen siendo alarmantes.
Según la organización Amnistía Internacional, especialista en derechos humanos, más de 2.900 mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2007. Además reveló que el 70 por ciento de esos casos no fueron investigados y en el 97 por ciento no se produjo ningún arresto.
A estas muertes, también hay que sumarles las de los narcotraficantes que luchan entre sí, las de los policías que luchan contra los narcotraficantes, las de los ciudadanos comunes que luchan contra los narcotraficantes y contra los policías, y que, en definitiva, todos ellos luchan por sobrevivir.
En el mundo entero mueren alrededor de 490.000 personas a diario a causa de la violencia, la mayoría en América Latina y en Sudáfrica. Guatemala es uno de los primeros en la lista. Esto de acuerdo a un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En este mismo informe se dio a conocer que en el año 2005 se produjo una pérdida superior a los 2.000.000 de dólares en el país, debido a que la alta cantidad de fallecimientos se ven reflejados en la economía, por los costos médicos y legales surgidos.
Con cada número se ve que no son para nada nuevos estos problemas y los daños son infinitos para cualquier nación. La impunidad siempre se paga, aunque no siempre la pagan aquellos que deberían hacerlo. En estos casos, la misma sociedad es la más perjudicada, como pasa en la mayoría de las ocasioness.
Para seguir alarmándose, están las cifras de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Amigos frente a la Delincuencia y el Secuestro (FADS). Estos organismos registraron más de 5.400 muertes durante 2008, y 140 secuestros.
Volviendo al caso Rosenberg y a partir de tantos cruces verbales, aparecieron diversas voces a favor y en contra de Colom. Las que lo apoyaron desde el principio fueron las de distintos mandatarios, como así también la del Grupo de Río, integrado por gobiernos de América Latina y el Caribe.
“La extrema derecha sigue arremetiendo contra los Gobiernos democráticos, progresistas [...] la extrema derecha al
entada por factores internacionales", afirmó sin dudarlo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Contra estas posturas, está gran parte de la sociedad que se mostró disconforme en distintas manifestaciones.Lo cierto es que en este caso, el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Amílcar Velásquez, es quien está a cargo de la investigación, aunque las dudas también comenzaron a expandirse sobre él, después que se lo haya visto en una reunión privada con Colom. Además, tendrá la ayuda del FBI para llegar a la resolución del hecho y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las muertes de Khalil Musa y su hija Marjorie, defendidos por Rosenberg, habían abierto un nuevo campo de crisis e interrogantes. Según el abogado fallecido, a Musa lo mataron por no querer encubrir y participar de los negocios ilegales del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), de capital privado y estatal, y del cual formaba parte de su junta directiva. “Es una cueva de ladrones. Todos sabemos que allí se financian las empresas fantasmas en las cuales se lavan todo el dinero”, había denunciado el jurista en el video póstumo.
En las próximas semanas tal vez se pueda saber si Colom será sometido a un antejuicio, derecho que le otorga la Constitución a determinados servidores públicos en ejercicio de su cargo, y que permite que en un principio no puedan ser juzgados por un tribunal común.
Lo único claro es que este país, ya sea con la dictadura militar como gobierno o con la democracia vigente, nunca pudo cambiar su historia, a pesar de algunos intentos. Las muertes siguen ocurriendo y no parece haber receta para remediar esto, al menos no en un corto plazo.
Teniendo en cuenta todos los hechos ocurridos en el pasado, no se puede negar de ninguna manera acerca de las palabras de Rosenberg en el video, es que “la historia final [su propia muerte] es la historia que hemos vivido demasiado en Guatemala, la misma que estuvimos repitiendo hace años”.
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